Introducción

El orden internacional contemporáneo atraviesa una transformación estructural que desafía los fundamentos del multilateralismo liberal construido tras la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones internacionales, concebidas para reducir la incertidumbre y facilitar la cooperación mediante reglas formales e informales (North, 1990; Keohane, 1984), enfrentan hoy un proceso de desinstitucionalización que erosiona su capacidad de arbitraje y coordinación. Este debilitamiento se manifiesta en la parálisis de órganos clave, como el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en la creciente irrelevancia de foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde las tensiones geopolíticas bloquean decisiones fundamentales (Zambrano Jáuregui, 2013).

La lógica que sustentaba la globalización—basada en la eficiencia y la integración—ha mutado hacia una lógica de resiliencia, impulsada por factores como la pandemia, las guerras comerciales y la inseguridad en las cadenas de suministro globales (Traversa, 2021). Este cambio responde a la necesidad de los Estados de garantizar autonomía estratégica frente a shocks externos, incluso a costa de la cooperación multilateral. Líderes como Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin han acelerado esta transición, promoviendo políticas proteccionistas, estrategias de desacoplamiento tecnológico y esquemas de poder que privilegian la soberanía sobre la interdependencia (Ikenberry, 2018). Como resultado, el sistema internacional se fragmenta en bloques y coaliciones ad hoc, donde prevalece una lógica transaccional.

Para los países en desarrollo, esta reconfiguración implica riesgos significativos: pérdida de certidumbre, incremento de asimetrías y debilitamiento de mecanismos de resolución de disputas. Bolivia, en particular, enfrenta vulnerabilidades estructurales derivadas de su dependencia de mercados concentrados, limitada diversificación productiva y exposición a shocks externos. En este contexto, surge una pregunta estratégica: ¿cómo puede Bolivia defender sus intereses nacionales sin renunciar a principios normativos, como el multilateralismo, que, por ley, deben guiar su política exterior (Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009)?

Este ensayo parte de la premisa de que el debilitamiento del multilateralismo no implica su desaparición, sino su reconfiguración en un entorno más fragmentado y volátil. Frente a esta realidad, el minilateralismo emerge como una estrategia pragmática que complementa—y no sustituye—el multilateralismo. Entendido como la conformación de coaliciones reducidas de Estados con intereses convergentes, el minilateralismo ofrece ventajas institucionales relevantes: reducción de costos de transacción, mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a la lógica transaccional imperante (Kahler, 2013; Téllez Núñez, 2024). Desde una perspectiva neoinstitucionalista, estas coaliciones pueden contribuir a restaurar parcialmente la certidumbre perdida, fortaleciendo los intereses nacionales en escenarios donde las reglas globales son cada vez menos vinculantes (Guerrero, 2018).

Para Bolivia, el desafío consiste en diseñar una política exterior que combine principios normativos con pragmatismo estratégico. Este artículo explora cómo el minilateralismo puede convertirse en un mecanismo institucional para compensar el debilitamiento del multilateralismo y posicionar al país en un orden internacional multipolar. Asimismo, se presentan recomendaciones concretas para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, orientadas a identificar coaliciones estratégicas, priorizar acuerdos temáticos y fortalecer capacidades institucionales para negociar en entornos minilaterales.

Neoinstitucionalismo y cambio institucional

El neoinstitucionalismo constituye una de las corrientes más influyentes en el análisis de las relaciones internacionales contemporáneas, enfatizando el papel de las instituciones como mecanismos que reducen la incertidumbre y facilitan la cooperación entre actores en entornos complejos. Esta perspectiva ha sido aplicada, por ejemplo, al análisis de la cooperación internacional al desarrollo, mostrando cómo las reglas y estructuras institucionales condicionan la eficacia de los acuerdos (Camelo Zamudio & Mambuscay, 2018). Según North (1990), las instituciones son «las reglas del juego» que estructuran las interacciones humanas, tanto en su dimensión formal (tratados, normas jurídicas) como informal (costumbres, prácticas diplomáticas). Estas reglas permiten disminuir los costos de transacción, generar expectativas estables y, en última instancia, sostener la gobernanza global. En el ámbito internacional, Keohane (1984) argumenta que las instituciones multilaterales surgieron para resolver problemas de acción colectiva y garantizar la cooperación en ausencia de una autoridad central. Bajo el orden liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial, organismos como la OMC y la ONU funcionaron como estructuras de coordinación que proporcionaban certidumbre, reduciendo la posibilidad de comportamientos oportunistas y promoviendo la reciprocidad entre Estados.

Sin embargo, la comunidad internacional enfrenta hoy un proceso de cambio institucional que desafía sus fundamentos. Este cambio implica una reconfiguración institucional en respuesta a presiones externas, como la fragmentación geopolítica, la crisis económica y la transformación tecnológica. Traversa (2021) señala que las instituciones internacionales son vulnerables a dinámicas de dependencia de trayectoria, pero también a procesos de cambio gradual que alteran su lógica funcional. En este sentido, la globalización ha transitado de un paradigma orientado a la eficiencia—maximización de beneficios mediante integración global—hacia uno centrado en la resiliencia, donde los Estados priorizan la seguridad de las cadenas de suministro y la autonomía estratégica frente a shocks externos (Guerrero, 2018). La diversificación de aliados políticos y socios comerciales está cada vez más presente en las estrategias de política internacional de largo plazo tanto de países industrializados como en desarrollo.

Este contexto ha generado una desinstitucionalización parcial del multilateralismo, entendida como la erosión de normas y mecanismos de cumplimiento que antes garantizaban previsibilidad en estructuras de amplia participación internacional. Como se mencionó en la introducción, la parálisis de órganos clave como la OMC y la ONU es síntoma de esta desinstitucionalización (Zambrano Jáuregui, 2013). Como resultado, las interacciones internacionales se tornan cada vez más transaccionales, dominadas por negociaciones ad hoc y coaliciones flexibles o «de dispuestos», en detrimento de marcos normativos más universales.

Frente a esta realidad, el minilateralismo emerge como una innovación institucional que responde a la necesidad de flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones. Kahler (2013) lo define como la cooperación entre un número reducido de Estados con intereses convergentes, orientada a resolver problemas específicos sin las complejidades que caracterizan a los foros multilaterales. Desde una perspectiva neoinstitucionalista, el minilateralismo puede interpretarse como un mecanismo adaptativo que preserva parcialmente la certidumbre mediante reglas focalizadas y compromisos limitados, reduciendo costos de transacción y facilitando la coordinación en entornos de alta volatilidad (Téllez Núñez, 2024). El marco teórico neoinstitucionalista permite comprender el minilateralismo no como una ruptura con el multilateralismo, sino como una estrategia complementaria que busca restaurar la funcionalidad institucional en un escenario global fragmentado. Para países en desarrollo como Bolivia, esta perspectiva ofrece una base analítica para diseñar políticas exteriores que combinen principios normativos con pragmatismo estratégico.

Transformación del orden global

El orden internacional liberal, consolidado tras la Segunda Guerra Mundial, se sustentó en instituciones multilaterales que promovieron la cooperación, la apertura comercial y la resolución pacífica de conflictos. Estas instituciones—como la OMC, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ONU—funcionaron como mecanismos para reducir la incertidumbre y garantizar la previsibilidad en las interacciones internacionales (Keohane, 1984; Ruggie, 1998). Por su parte, la globalización económica, apoyada en este orden internacional, buscaba maximizar beneficios mediante la integración económica y la liberalización comercial, partiendo de principios como las ventajas comparativas y la libre competencia. Así, en la segunda mitad del siglo XX y a inicios del siglo XXI, el proceso histórico de globalización fue capaz de maximizar como nunca el paradigma de la eficiencia económica a través de cadenas de suministro globales altamente interdependientes y la confianza en normas multilaterales (Baldwin, 2022).

Sin embargo, en las últimas dos décadas, este entramado institucional ha experimentado un proceso de erosión que amenaza su capacidad de gobernanza global. La crisis financiera de 2007–2009, la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, entre otros eventos, han representado significativos puntos de inflexión. La crisis del multilateralismo ha sido ampliamente documentada en la literatura reciente, que destaca tanto sus causas estructurales como sus manifestaciones en la gobernanza global (Costa Fernández, 2013).

En este contexto de crisis, los Estados, priorizando la resiliencia sobre la eficiencia, han comenzado a adoptar políticas orientadas a la seguridad económica, la autonomía estratégica y la reducción de vulnerabilidades frente a shocks externos (Traversa, 2021). Este cambio de lógica se traduce en la proliferación de medidas proteccionistas, controles tecnológicos y estrategias de desacoplamiento y reducción de riesgos que fragmentan el sistema internacional. La interdependencia como factor de estabilidad, basada en la doctrina liberal de paz mediante el comercio, se percibe cada vez más como una fuente de riesgo, lo que impulsa la búsqueda de coaliciones flexibles y acuerdos regionales en detrimento de marcos más universales.

Líderes como Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin han acelerado esta transición hacia un orden más competitivo y menos cooperativo. La política exterior de Estados Unidos bajo la administración Trump cuestiona abiertamente el multilateralismo, por ejemplo, retirándose de acuerdos como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Por su parte, China ha promovido iniciativas paralelas como la Franja y Ruta (IFR), que, si bien generan cooperación, lo hacen bajo esquemas bilaterales o minilaterales que responden a intereses nacionales estratégicos más que a normas universales (Ikenberry, 2018). Asimismo, la guerra en Ucrania, las tensiones en el estrecho de Taiwán y la creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China han profundizado la fragmentación del sistema internacional, debilitando los mecanismos de gobernanza global y exacerbando la lógica transaccional en las relaciones diplomáticas.

En este contexto, las instituciones multilaterales parecen haber perdido la capacidad de imponer reglas, lo que plantea desafíos adicionales para la protección de grupos vulnerables (D’Angelo, 2025). El bloqueo en el Consejo de Seguridad de la ONU, que dificulta la resolución de conflictos armados, así como la ofensiva arancelaria de Estados Unidos o los controles de China a la exportación de tierras raras sin reacción efectiva de la OMC, también ilustran dicho desgaste institucional. El multilateralismo parece fungir cada vez menos como garante real de cooperación.

Para los países pequeños, en desarrollo y del Sur Global como Bolivia, esta transformación implica riesgos significativos, como la pérdida de certidumbre, el incremento de asimetrías y la reducción de espacios para la defensa de intereses nacionales y regionales. La ausencia de reglas claras favorece la ley del más fuerte, donde las potencias imponen condiciones en función de su poder económico y militar. En otras palabras, la geopolítica—principalmente mediante su brazo geoeconómico—está volviendo a determinar las relaciones internacionales en perjuicio del multilateralismo. Dicha erosión institucional limita la capacidad de Bolivia para influir en la agenda internacional, obligándola a buscar estrategias adaptativas que combinen sus principios normativos con pragmatismo. En este escenario, el minilateralismo surge como una respuesta práctica que permite articular coaliciones reducidas para enfrentar problemas puntuales.

Minilateralismo como respuesta pragmática

En un mundo globalizado y de desafíos comunes como el cambio climático, los conflictos armados y las olas migratorias, la necesidad de cooperación internacional continúa vigente a pesar del debilitamiento del multilateralismo. En dicho contexto, las relaciones internacionales están transformando sus modalidades. Así, el minilateralismo surge como una estrategia que busca conciliar un imperativo normativo con uno práctico: la preservación de la cooperación y la adaptación a un entorno global cada vez más fragmentado. Siguiendo la definición de Kahler (2013), el minilateralismo podría constituir una herramienta funcional para enfrentar la parálisis institucional y la lógica transaccional que domina las relaciones internacionales contemporáneas.

A diferencia del multilateralismo, que implica altos costos de coordinación y complejidad normativa (Keohane, 1984), el minilateralismo ofrece flexibilidad, rapidez y menores costos de transacción (Kahler, 2013). Al limitar el número de participantes, se reduce la heterogeneidad de intereses y se facilita la toma de decisiones, lo que permite avanzar en áreas donde los foros multilaterales enfrentan bloqueos ideológicos o rivalidades geopolíticas (véase Tabla 1). Además, el minilateralismo genera «zonas de resiliencia» (Téllez Núñez, 2024) institucional, donde los Estados pueden mantener compromisos focalizados sin renunciar a los principios normativos del multilateralismo.

Desde una perspectiva neoinstitucionalista, el minilateralismo puede interpretarse como un mecanismo adaptativo frente al cambio institucional global. Guerrero (2018) sostiene que las instituciones internacionales no desaparecen, sino que se transforman para responder a nuevas condiciones estructurales. En este sentido, los arreglos minilaterales preservan parcialmente la certidumbre mediante reglas específicas y compromisos limitados en entornos de alta volatilidad.

La proliferación de arreglos minilaterales en la última década confirma esta tendencia, cobrando especial relevancia en ámbitos como la cooperación en defensa (Pannier, 2015), como lo demuestra, por ejemplo, The Quad, integrado por Estados Unidos, Japón, India y Australia. Además, iniciativas como la Chip 4 Alliance (Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Taiwán) y el I2U2 Group (India, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos) son ejemplos ilustrativos de cómo los Estados recurren a coaliciones reducidas para avanzar no sólo en cuestiones de seguridad, sino también de comercio, inversión y cooperación tecnológica. Si bien estos mecanismos no reemplazan el multilateralismo, el hecho de que actúen como zonas de resiliencia frente a la fragmentación global hace de los arreglos minilaterales una alternativa pragmática a una institucionalidad multilateral en erosión. Estas coaliciones reflejan, de tal manera, la lógica emergente de la cooperación internacional: transaccionalismo, focalización y resiliencia.

Aunque el minilateralismo ofrece ventajas en el contexto actual, también plantea riesgos de largo plazo para la comunidad internacional. En primer lugar, su carácter excluyente puede generar tensiones con países que quedan fuera de las coaliciones, más bien exacerbando la creciente fragmentación del sistema internacional. Asimismo, existe el riesgo de que el minilateralismo se convierta en un sustituto del multilateralismo, debilitando aún más las instituciones de carácter más universal. En pocas palabras, de una estrategia pragmática de adaptación al escenario internacional, especialmente si los países en desarrollo se abocaran completamente al minilateralismo y abandonaran el multilateralismo, podría pasarse a una legitimación de la fragmentación de la comunidad internacional.

Este riesgo de intensificar la erosión de las instituciones multilaterales podría costar caro, especialmente a los países en desarrollo, debido a otro peligro del minilateralismo: la falta de mecanismos robustos de cumplimiento. Aunque esto también es verdad para diversos arreglos multilaterales, la carencia de órganos de arbitraje o de decisión internacional, característica del minilateralismo, limita la capacidad de los arreglos minilaterales para garantizar compromisos estables de largo plazo. Así, el rol corrector de asimetrías interestatales, más acentuado en el multilateralismo, podría verse afectado, y los compromisos minilaterales podrían erosionarse más fácil y rápidamente una vez que la balanza, en un arreglo puntual, se incline más en favor de un país del Sur Global.

Debido a estos riesgos, es fundamental concebir el minilateralismo como un complemento, no como un reemplazo, del multilateralismo. Esta visión permite aprovechar sus ventajas pragmáticas sin renunciar a los principios normativos que sustentan la gobernanza global. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) adopta expresamente el multilateralismo como principio rector de sus relaciones exteriores. En este marco, una estrategia de política internacional tridimensional, que reduzca la incertidumbre y los costos de transacción mediante arreglos minilaterales, al tiempo que teja alianzas sólidas bilaterales y multilaterales, permitiría a Bolivia una adaptación pragmática al contexto internacional para avanzar sus intereses nacionales, sin perder su horizonte normativo—y más largoplacista—multilateral.

Bolivia en el nuevo escenario internacional

La transformación del orden internacional plantea desafíos significativos para países en desarrollo como Bolivia, cuya inserción en la economía global se caracteriza por vulnerabilidades estructurales, asimetrías y dependencias de mercados concentrados. El debilitamiento del multilateralismo y la creciente lógica transaccional en las relaciones internacionales reducen los espacios de negociación colectiva, exacerbando las desigualdades frente a potencias y erosionando los mecanismos que tradicionalmente garantizaban previsibilidad (Zambrano Jáuregui, 2013; Guerrero, 2018). En este contexto, Bolivia enfrenta una realidad marcada por la pérdida de certidumbre y la necesidad de redefinir su estrategia de inserción internacional, preservando sus principios normativos demarcados constitucionalmente, pero reconociendo y adaptándose pragmática e inteligentemente a la nueva realidad internacional.

Bolivia presenta vulnerabilidades estructurales que limitan su capacidad de adaptación. La dependencia de mercados concentrados—es decir, cuando la mayor parte del comercio exterior se realiza con un número reducido de países, como ocurre en Bolivia con sus países vecinos—expone al país a shocks externos (cabe recordar la crisis de finales de los 1990 e inicios de los 2000). Por ejemplo, el hecho de que Brasil haya reducido y Argentina suspendido sus compras de gas natural ha causado que el Estado boliviano sufra caídas abruptas en sus ingresos y desequilibrios fiscales. Asimismo, esta concentración limita la capacidad de negociación internacional y puede forzar al país a aceptar condiciones menos favorables en acuerdos comerciales y diplomáticos. En otras palabras, Bolivia está más expuesta a las consecuencias de decisiones unilaterales en su vecindario. Ante esta realidad, el multilateralismo ha sido, históricamente, una respuesta efectiva. Con este debilitado, sin embargo, arreglos minilaterales pueden representar una alternativa factible y más efectiva que el bilateralismo.

Por su parte, la limitada diversificación en la oferta boliviana, concentrada en recursos naturales, restringe el margen de maniobra en cadenas globales de generación de valor. No obstante, tanto en sectores extractivos como productivos, Bolivia cuenta con ventajas comparativas que pueden ser aprovechadas de manera más eficiente mediante políticas internas orientadas a la competitividad internacional y la reducción de barreras comerciales. Avanzando en estos aspectos internos, el minilateralismo ofrece una oportunidad estratégica para que Bolivia diversifique su matriz productiva y se integre en estas cadenas globales de valor. A través de acuerdos minilaterales enfocados en sectores como el litio, las tierras raras o la agroindustria, así como rubros tecnológicos y educativos para la transferencia de know-how, Bolivia puede—a más corto plazo—atraer inversiones, acceder a conocimiento y mercados, y reducir su vulnerabilidad frente a los vaivenes de sus dependencias tradicionales. Así, el minilateralismo se presenta como un instrumento complementario para potenciar el desarrollo de nuevos rubros y fortalecer la inserción internacional del país.

Además, el minilateralismo puede contribuir a compensar asimetrías—aunque no en la medida del multilateralismo—mediante espacios de negociación donde Bolivia puede aprovechar sus ventajas comparativas. Estas coaliciones reducidas permiten al país posicionarse en sectores estratégicos sin enfrentar los altos costos de coordinación que caracterizan a los foros universales, más aún en tiempos de desinstitucionalización. La cooperación en torno al litio con Argentina y Chile, por ejemplo, orientada a establecer estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), podría constituir un caso emblemático de cómo las alianzas minilaterales fortalecen la posición boliviana en mercados de recursos críticos para la transición energética. Este tipo de arreglos no solo incrementa el poder de negociación frente a actores globales, sino que también contribuye a generar marcos normativos regionales que favorezcan prácticas sostenibles y reduzcan riesgos de competencia desleal. Igualmente, la participación en iniciativas sobre hidrógeno verde con Brasil y Chile podría abrir oportunidades para insertar a Bolivia en cadenas de valor vinculadas a la descarbonización global, diversificando su matriz productiva y atrayendo inversiones tecnológicas. En otras palabras, estas alianzas permitirían al país acceder a conocimiento especializado, financiamiento internacional y plataformas de innovación, elementos esenciales para superar la dependencia de mercados concentrados y avanzar hacia una inserción internacional más resiliente y estratégica.

A estos ejemplos se suma la debilidad institucional en política exterior, reflejada en capacidades técnicas insuficientes para participar en negociaciones complejas y en la falta de mecanismos de análisis geopolítico y geoeconómico que permitan anticipar escenarios adversos. Estas condiciones se agravan en un entorno donde las reglas multilaterales pierden fuerza y las relaciones internacionales se tornan más transaccionales, dominadas por coaliciones ad hoc y acuerdos bilaterales. Frente a este panorama, una estrategia minilateral no debe entenderse como un abandono del multilateralismo, sino como un instrumento que puede contribuir a contrarrestar su erosión y preservar, en la medida de lo posible, los principios normativos que guían constitucionalmente la política exterior boliviana. Las instituciones internacionales se adaptan a contextos cambiantes mediante arreglos más flexibles que permiten mantener la cooperación cuando los marcos universales se paralizan (Kahler, 2013; Keohane, 1984). A pesar de la crisis, algunos autores sostienen que el multilateralismo ha mostrado resiliencia y capacidad de adaptación frente a los desafíos contemporáneos (Guilbaud, Petiteville & Ramel, 2023). En este sentido, las coaliciones reducidas y temáticas podrían, a la larga, asistir en la formación de alianzas para evitar la parálisis de organismos globales y regionales mediante mecanismos pragmáticos que prioricen intereses concretos, sin renunciar al horizonte normativo del multilateralismo.

Para que estas oportunidades se materialicen, Bolivia debe fortalecer sus capacidades institucionales mediante la creación de unidades especializadas en negociación internacional y análisis geopolítico y geoeconómico, definir prioridades temáticas en sectores estratégicos y asegurar que los acuerdos minilaterales complementen—y no sustituyan—su compromiso con el multilateralismo. La incorporación de criterios claros en la toma de decisiones es fundamental para garantizar coherencia estratégica. Estos criterios, que también pueden resultar útiles para negociaciones bilaterales y votaciones en foros multilaterales, deberían incluir la potencialidad de cooperación económica que contribuya al desarrollo nacional, la cercanía geográfica, la protección de la seguridad nacional y la afinidad en valores democráticos y de derechos humanos. La ponderación de estos factores permitiría que las decisiones no respondan únicamente a coyunturas, sino a una lógica que combine pragmatismo con principios normativos. Desde la perspectiva neoinstitucionalista, estas acciones podrían reducir, al menos parcialmente, la incertidumbre en un entorno global fragmentado, mediante reglas focalizadas y coaliciones pragmáticas que actúen como zonas de resiliencia institucional frente a la desinstitucionalización global.

Conclusión

La crisis y transformación del multilateralismo en el orden internacional contemporáneo obligan a los países en desarrollo, como Bolivia, a repensar sus estrategias de inserción y defensa de intereses nacionales. El minilateralismo, entendido como la conformación de coaliciones reducidas y temáticas entre Estados con intereses convergentes, se presenta como una alternativa pragmática y complementaria, no sustitutiva, frente a la erosión de las instituciones multilaterales. Desde una perspectiva neoinstitucionalista, los arreglos minilaterales permitirían reducir costos de transacción, aumentar la previsibilidad y contribuir a contrarrestar la erosión institucional multilateral en un entorno global marcado por la volatilidad y la fragmentación.

Sin embargo, el minilateralismo no está exento de riesgos: su carácter excluyente y la falta de mecanismos robustos de cumplimiento pueden profundizar la fragmentación internacional y debilitar aún más el rol corrector de asimetrías que históricamente ha ofrecido el multilateralismo. Por ello, Bolivia debe concebir el minilateralismo como un complemento estratégico, guiado por criterios claros de seguridad nacional, valores democráticos y de derechos humanos, cercanía geográfica y cooperación económica orientada al desarrollo. La ponderación de estos factores permitiría que las decisiones de política exterior respondan a una lógica que combine pragmatismo con principios normativos, preservando el horizonte multilateral consagrado constitucionalmente.

En suma, la adopción de una política internacional tridimensional, que combine acercamientos bilaterales, la participación activa en foros multilaterales y la articulación de alianzas minilaterales focalizadas, podría contribuir a que Bolivia avance sus intereses nacionales, diversifique sus socios y fortalezca su resiliencia frente a los desafíos de un orden internacional multipolar y transaccional. El futuro de la inserción boliviana dependerá de su capacidad para equilibrar pragmatismo y principios, adaptándose inteligentemente a la nueva realidad global.

En este sentido, futuras investigaciones podrían explorar el impacto de nuevas dinámicas geoeconómicas en la arquitectura institucional internacional, así como de arreglos minilaterales mediante métricas como la diversificación efectiva de socios, la reducción de vulnerabilidades comerciales o la incidencia en la formulación de reglas internacionales. Asimismo, sería relevante investigar cómo la articulación entre minilateralismo y multilateralismo evoluciona en otros contextos del Sur Global y qué factores institucionales condicionan su eficacia.

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